MANIFIESTO

Las abajo firmantes, mujeres comprometidas con la sociedad española y la Constitución, queremos hacer llegar a la opinión pública y a los responsables políticos nuestra indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país. Y a tal efecto

MANIFESTAMOS:

1.- El artículo 15 de la Constitución Española, primero de los que regulan los derechos fundamentales, dice expresamente: “Todos tienen derecho a la vida”. La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985 dejó bien claro que el aborto sigue siendo un ilícito penal, no punible en tres supuestos muy concretos, y que el Estado tiene el deber de garantizar que ni un solo aborto sea realizado fuera de esos límites. Así se recuerda en el primer párrafo del Real Decreto 2409/1986, de 21 de Noviembre, que regula la práctica del aborto.

No cabe por tanto hablar, en nuestro Ordenamiento Jurídico, de un derecho al aborto y menos aún de un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pues en el aborto se está disponiendo del cuerpo de un ser humano distinto de su madre y que, desde su concepción, ha recibido de sus progenitores toda la dotación genética necesaria para definir su personalidad individual y su pleno desarrollo.

2.- La práctica del aborto en España se lleva a cabo, en la inmensa mayoría de los casos, en fraude de ley, vulnerando los límites previstos por el legislador. Se apela en un 97 % de los casos al “grave peligro para la salud psíquica de la madre”, cuya acreditación no deja de ser un mero trámite formal y muchas veces absolutamente irregular (certificados estandarizados o firmados en blanco y también sin que el especialista entreviste a la mujer).

3.- A pesar de que el artículo 9 del Real Decreto 2409/1986, de 21 de Noviembre, que regula la práctica del aborto, establece que “los profesionales sanitarios habrán de informar a las solicitantes sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo” y “de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle”, tampoco se cumple adecuadamente (cuando no se incumple radicalmente) esta exigencia del legislador. Exigencia absolutamente razonable para una mujer que, sin tiempo para reflexionar en muchos casos, va a tener que adoptar una decisión de consecuencias irreversibles a las que tendrá que hacer frente el resto de su vida. Por esta razón es imprescindible que se garantice que las decisión de la mujer se realice tras conocer todos los riesgos (incluyendo el síndrome post-aborto) y también las alternativas de apoyo para continuar con la gestación. Naturalmente esta información no puede darse con imparcialidad y objetividad en una clínica privada, pues ello atentaría gravemente a sus intereses económicos dentro de un negocio muy rentable y en plena expansión.

4.- La percepción errónea del aborto como un derecho garantizado por los poderes públicos (y no como un ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y la falta de información sobre riesgos y alternativas, hace que el número de abortos crezca año tras año, afectando especialmente a quienes por haber llegado recientemente a España desconocen la regulación legal y las alternativas de apoyo social al aborto. Así se ha llegado a esa cifra espantosa de un millón de abortos desde la modificación legal de 1985. En la Comunidad de Madrid, uno de cada cinco embarazos termina en aborto y esta proporción es casi del 50 % en las menores de 20 años.

5.- También ha contribuido a esta situación el oscurantismo social y mediático sobre las consecuencias del aborto en muchas mujeres, que éstas han tenido que afrontar en solitario, y sobre los procedimientos traumáticos para llevar a cabo el aborto en embarazos avanzados, causantes de gran sufrimiento fetal y que han escandalizado, junto con el fraude de ley, a responsables políticos y medios de comunicación en el Reino Unido y en Dinamarca. Nuestro país se ha convertido en destino de muchas mujeres que, con embarazos que superan los límites legales para el aborto en sus países de residencia, se acogen a nuestro fraude de ley para llevarlo a cabo.

6.- Aprovechar los horrores descubiertos en las clínicas abortistas de Barcelona y Madrid, mera punta del iceberg del inmenso fraude de ley que se está cometiendo en España, para reclamar una ley de plazos, supone pensar que el derecho a la vida y los demás derechos humanos no existen en los primeros meses de la vida de un ser humano, lo que va en contra de toda la evidencia científica sobre el desarrollo del cigoto y del embrión y en contra de lo exigido por la Constitución Española según ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional.

Ante esta situación dramática, que cada año se traduce en la pérdida de más de 100.000 vidas humanas,

PROPONEMOS:

A) Apoyo a las mujeres embarazadas para llevar adelante su gestación, a través de ayudas económicas, cuando fuesen necesarias, y de una red de apoyo en cada Comunidad Autónoma, en la que participen entidades de la Sociedad Civil para prestar una asistencia integral que dé respuesta a las necesidades sanitarias, sociales, residenciales, de atención a la primera infancia y de formación para el empleo, entre otras.

B) Para enfrentarse al fraude de ley masivo en la práctica del aborto :

· Modificar el artículo 417 bis del Código Penal para que el “grave peligro para la salud psíquica” (teórica justificación del 97% de los casos) no pueda alegarse en cualquier momento del embarazo.

· Establecimiento con carácter obligatorio y para todo tipo de centros sanitarios de Comisiones de Evaluación, como las creadas en 1985 y suprimidas en 1986, formadas por profesionales sanitarios y sociales y que garanticen que cada caso se ajuste a lo establecido en la Ley y en la Sentencia del Tribunal Constitucional. En las clínicas privadas estas comisiones deberán ser externas para evitar ser juez y parte.

· Obligación de informar a la embarazada, mediante un documento de consentimiento informado, de todos los riesgos sanitarios, psicológicos y sociales de la práctica del aborto, así como de las alternativas de apoyo social para llevar adelante la gestación.

· El dictamen que acredite el grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada deberá justificar y acreditar dicha gravedad y, en el caso de clínicas privadas, no podrá ser emitido por facultativos que tengan con el centro una relación laboral, mercantil o de prestación para aquel de servicios profesionales.

· Inspecciones exhaustivas y periódicas de las clínicas donde se realizan abortos, para evitar el fraude de ley y la práctica de abortos en gestaciones muy avanzadas, con unos meses de embarazo con los que los nacidos prematuramente son viables.

En Polonia existe desde 1997 una legislación sobre el aborto muy similar a la española, pero en la que no se castiga la conducta de la mujer. Sin embargo, la normativa de desarrollo de dicha ley no favorece el fraude de ley, como ocurre aquí, y además, la ley polaca garantiza a las embarazadas sin recursos apoyo económico durante la gestación y después del parto. De esta forma se ha pasado en Polonia de 180.000 abortos anuales antes de 1990 a 159 en 2002, frente a los más de 100.000 de la España actual.

Las abajo firmantes somos conscientes que es posible, y además probable, que el análisis del problema que se ha presentado en este manifiesto sea considerado por algunos como propio de un enfoque integrista y conservador. Frente a esta posible interpretación queremos terminar este manifiesto afirmando que:

NO HAY NADA MAS PROGRESISTA QUE DEFENDER A LOS MÁS INDEFENSOS.

LO MAS CONSERVADOR ES HACER POLÍTICA O NEGOCIOS CON LA VIDA DE LOS MÁS DÉBILES. ASÍ OCURRIÓ MUCHAS VECES EN LA HISTORIA.

LA COMPLICIDAD Y EL SILENCIO DE MUCHOS FACILITARON LOS HORRORES DE LOS TOTALITARISMOS DEL SIGLO XX: GENOCIDIO, EUTANASIA DE DISCAPACITADOS, EUGENESIA…

HOY CONSIDERAMOS ABERRANTES CONDUCTAS QUE DURANTE MUCHOS AÑOS FUERON SOCIALMENTE ADMITIDAS: LA ESCLAVITUD, EL TRABAJO DE LOS NIÑOS, LA POSTERGACIÓN LABORAL DE LA MUJER, LA GUERRA PARA ADQUIRIR MAS TERRITORIOS…

EL ABORTO, TAL COMO LO CONOCE NUESTRA SOCIEDAD, ES LA FALSA SOLUCIÓN DEL SIGLO XX A LOS PROBLEMAS REALES DE LA MUJER. EL SIGLO XXI EXIGE SOLUCIONES SOLIDARIAS Y RESPETUOSAS CON LA VIDA.